Sobre el escritorio del gobernador Newsom se encuentra el proyecto de ley AB 2222 , la Ley de Sostenibilidad Laboral y Empleo en las Redacciones Comunitarias (Ley de Noticias Comunitarias). Este proyecto de ley busca posicionar a California a la vanguardia de los esfuerzos nacionales para preservar la integridad de las redacciones locales.
El Gobernador tiene hasta el 30 de septiembre para firmar la ley o vetarla.
El proyecto de ley AB 2222, redactado por el asambleísta Chris Ward y coescrito por la asambleísta Buffy Wicks, otorgaría créditos fiscales reembolsables a las redacciones locales por cada periodista que contraten. Estos créditos contribuirían a garantizar la estabilidad básica de la plantilla, algo fundamental para los medios de comunicación más pequeños que atraviesan dificultades financieras.
Para California, que cuenta con la mayor población inmigrante del país y la mayor concentración de hogares con dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés), el proyecto de ley ayudaría a mantener los medios de comunicación étnicos que sirven como un puente esencial, proporcionando servicios cruciales que van desde la traducción de órdenes de evacuación de emergencia hasta la ayuda para disipar información errónea y desinformación peligrosa o la cobertura de las reuniones de las juntas escolares locales.
Según el proyecto de ley, las redacciones con raíces comunitarias recibirían créditos de 20.000 dólares por los primeros cinco puestos editoriales a tiempo completo (de al menos 30 horas semanales, con una remuneración anualizada de 35.000 dólares o más).
Cada periodista adicional a tiempo completo recibiría un crédito de 15.000 dólares, más un incentivo adicional de 15.000 dólares por cada puesto de reportero de nueva creación, mientras que cada periodista a tiempo parcial recibiría 7.500 dólares.
La elegibilidad se extiende a medios impresos, audiovisuales, digitales, sin fines de lucro y medios de comunicación independientes de propiedad familiar.
Una coalición sin precedentes
El proyecto de ley obtuvo un apoyo abrumador en la legislatura estatal, siendo aprobado en el Senado por 30 votos a favor y 10 en contra el 30 de agosto, y en la Asamblea por 59 votos a favor y 15 en contra el 31 de agosto.
Ese mandato legislativo cuenta con el respaldo de una coalición sin precedentes en todo el estado y el país: 134 organizaciones de noticias y asociaciones de prensa han entregado conjuntamente una carta instando al gobernador Newsom a firmar la ley AB 2222, incluyendo 94 medios de comunicación con sede en California, editores regionales y sindicatos, a los que se han unido 40 asociaciones de medios nacionales.
Responsabilidad fiscal, retorno de la inversión
De aprobarse, los créditos no entrarán en vigor hasta el año fiscal 2027, protegiendo así las reservas estatales actuales y permitiendo la planificación presupuestaria plurianual. El proyecto de ley también exige la presentación de informes anuales de cumplimiento ante la Junta de Impuestos de Franquicia a partir de 2029, con una vigencia automática de cinco años (años fiscales de 2027 a 2031).
Además, los créditos se ven compensados por los límites fiscales federales que restringen las deducciones corporativas por remuneración de ejecutivos superior a 1 millón de dólares, lo que frena las amortizaciones corporativas excesivas.
Mientras tanto, el retorno de la inversión es sustancial.
Un estudio revisado por pares publicado en el Journal of Financial Economics reveló que cuando cierra un periódico local, los costos de endeudamiento para bonos municipales aumentan entre 5 y 11 puntos básicos, lo que supone un exceso estimado de 650.000 dólares en intereses en una emisión típica de bonos para escuelas locales, sistemas de agua e infraestructura.
Pero el valor de este proyecto de ley va mucho más allá de los puntos básicos y las calificaciones crediticias.
Cuando los medios de comunicación comunitarios y étnicos sobreviven, las organizaciones comunitarias de primera línea y las agencias estatales mantienen el canal de comunicación fiable necesario para transmitir información esencial, como directivas de salud pública, protección para los trabajadores agrícolas y ayuda en casos de desastre.
Una línea de información vital
Durante el incendio de Tubbs en 2017, las alertas oficiales en inglés presentaron lagunas críticas que pusieron en peligro inmediato a las personas que no hablaban inglés.
KBBF 89.1 FM , la primera emisora de radio pública bilingüe del país, intervino transmitiendo las 24 horas del día en español, desmintiendo los falsos rumores de que agentes federales de inmigración estuvieran apostados en los refugios de evacuación o de que un residente indocumentado hubiera provocado el incendio.
Dos años después, el incendio de Kincade de 2019 puso a prueba esa misma línea de ayuda. La emisora amplió sus transmisiones en lenguas indígenas para incluir el mixteco y el triqui , comunes entre los trabajadores agrícolas de la región.
En ambos casos, KBBF dependió de voluntarios, ya que carecía de los ingresos suficientes para mantener una plantilla de reporteros a tiempo completo.
Más al sur, en la frontera con San Diego, Indian Voices dedicó años a informar y colaborar con líderes tribales para concienciar a la opinión pública sobre la crisis de las aguas residuales tóxicas del río Tijuana , que desde hace tiempo afecta a los barrios costeros y a las tierras ancestrales de los Kumeyaay .
En Monterey Park, tras el tiroteo masivo ocurrido durante el Año Nuevo Lunar de 2023 que se cobró 11 vidas, periodistas de habla china y vietnamita trabajaron durante toda la noche para llenar el vacío informativo.
Ante la falta de información oficial en el idioma de los residentes ancianos que hablaban cantonés y mandarín durante las primeras horas críticas, los periodistas locales tradujeron sobre la marcha los comunicados policiales, desmintieron rumores virales y pusieron en contacto a las familias afligidas con servicios de asistencia a las víctimas y atención de salud mental que de otro modo nunca habrían encontrado.
Mensajeros de confianza
La pandemia de COVID-19 puso al descubierto otro tipo de brecha informativa.
En una encuesta estatal realizada en octubre de 2020 , solo el 29% de los californianos negros dijeron que definitivamente o probablemente se vacunarían contra la COVID-19 una vez que estuviera disponible, una cifra muy inferior al 70% de los estadounidenses de origen asiático, al 62% de los residentes blancos y al 54% de los latinos que dijeron lo mismo.
Esta brecha tenía su origen en generaciones de desconfianza justificada derivada del racismo en el ámbito médico, incluidos los experimentos de Tuskegee que, según los investigadores, todavía influyen en la reticencia a las vacunas en la actualidad.
Los mensajes genéricos de salud pública no bastaban para cerrar esa brecha. Los medios de comunicación independientes de la comunidad negra abordaron la historia detrás de la reticencia en lugar de ignorarla, y conectaron a los residentes con recursos de vacunación a través de personas en las que sus propias comunidades sí confiaban.
El gobernador Newsom ha visitado estos lugares. Ha consolado a las familias afligidas, se ha reunido con líderes comunitarios locales y ha hablado con Brandon Tsay, el héroe de 26 años que desarmó al atacante de Monterey Park.
El gobernador pudo comprobar de primera mano que los periodistas comunitarios locales suelen ser los únicos mensajeros de confianza capaces de conectar a las poblaciones vulnerables con los recursos estatales que pueden salvarles la vida.
Una oportunidad histórica
Reconociendo que el periodismo local es una infraestructura cívica esencial, Newsom ha demostrado desde 2024 su liderazgo a nivel nacional al lanzar el Programa de Medios Cívicos de California, una iniciativa público-privada, y al apoyar la Iniciativa Propel. (ACoM es socio de Propel).
Ambos programas ayudan a asegurar inversiones vitales para mantener el programa de becas de periodismo local de la UC Berkeley en California y a desarrollar la capacidad de las redacciones de organizaciones como la nuestra, así como el Instituto Maynard, California Black Media y Latino Media Collaborative.
Sin embargo, estas subvenciones a corto plazo no pueden mantener de forma permanente la nómina diaria de una redacción. Sin una plantilla estable, las redacciones comunitarias no pueden retener a los becarios y reporteros que el estado ha ayudado a formar.
La ley AB 2222 ayuda a cerrar esta brecha.
Instamos respetuosamente al gobernador Newsom a que se ponga del lado de la mayoría legislativa, las 134 organizaciones de medios de comunicación y los periodistas en activo, y que firme el proyecto de ley AB 2222 antes del 30 de septiembre.
Julian Do es codirector de ACoM, donde se centra en la defensa de la industria de los medios de comunicación, el desarrollo de capacidades de noticias locales, las oportunidades de sostenibilidad y campañas especiales que incluyen las relaciones interétnicas, la desinformación sobre la pandemia de COVID-19 y los eventos de premios de periodismo.
Este artículo fue publicado originalmente por American Community Media, una organización nacional sin fines de lucro que informa sobre las diversas comunidades de Estados Unidos desde una perspectiva interna.