Las autoridades federales de inmigración utilizaron los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) de Chico hasta el verano pasado, según afirma el Departamento de Policía de Chico en un informe de 19 páginas publicado el 18 de septiembre.
El Departamento de Policía de Chico reveló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilizó la red de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) de la ciudad para rastrear seis vehículos entre el 29 de mayo y el 8 de julio. El departamento interrumpió el intercambio de datos federales y de otros estados el 8 de julio, dos semanas después de que ChicoSol solicitara los acuerdos de intercambio del departamento.
El informe presenta los resultados de una auditoría interna, dirigida por el capitán Jeramie Struthers, sobre el intercambio de datos del sistema de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) del departamento con agencias federales y de otros estados. Este informe es uno de los dos documentos publicados por el Departamento de Policía de Chico que se adjuntaran a la agenda de la sesión especial del Ayuntamiento del 21 de septiembre. En dicha sesión, el Departamento de Policía de Chico abordaró su auditoría interna.
Cuando el Departamento de Policía de Chico dejó de compartir información con 22 agencias federales y 88 agencias de otros estados, el departamento perdió los registros que mostraban cuándo y por qué se accedía a su red de cámaras.
Por lo que el informe denomina “razones técnicas desconocidas”, el departamento ahora tiene limitaciones para acceder a los registros de transacciones; la pérdida de datos impidió auditar el uso externo de la red ALPR de la ciudad.
El informe del Departamento de Policía de Chico (Chico PD) recomiendó poner fin a su auditoría sobre el intercambio de datos del sistema de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) debido a la dificultad y la redundancia del acceso a la información.
“No parece haber ningún valor adicional al saber si los datos compartidos fueron un registro o 100 registros. Cualquier esfuerzo de auditoría adicional sin duda arrojará un número mayor a un registro”, afirma el informe.
Según el informe, el departamento restauró manualmente los registros de acceso de ICE de los últimos 40 días.
Generar registros, una vez interrumpido el intercambio de información, resultó tedioso. Recuperar las consultas de búsqueda de una agencia durante un día completo tomaba aproximadamente 30 minutos, y dichas consultas no necesariamente se referían a Chico. El sistema ha estado en funcionamiento durante unos tres años.
“En definitiva, obtener todos los registros que se compartieron confirmó un hecho que el Departamento de Policía de Chicago (CPD) ya conocía”, afirma el informe. “Los registros del CPD se compartieron con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que indica claramente que también se compartieron datos con otras agencias”.
“Dada la limitada funcionalidad de recuperación de datos en este momento, no es factible intentar procesar manualmente tres años de datos relacionados con 88 agencias de otros estados y 22 agencias federales”, dice el informe.
El Departamento de Policía de Chico también añade que “Motorola no tiene ninguna obligación de proporcionar la recuperación de datos a las agencias con las que el Departamento de Policía de Chico interrumpió sus relaciones de intercambio”.
Marco legal de la ciudad para el intercambio de datos
El informe hace referencia a los proyectos de ley del Senado 34 y 54. El SB 34 restringe a las agencias policiales de California el intercambio de datos de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) con agencias federales o de otros estados. El SB 54, la Ley de Valores de California, establece que no se deben utilizar recursos estatales ni locales para la aplicación de la ley federal de inmigración.
Sin embargo, el informe también hace referencia a la doctrina de la supremacía federal, que establece que la ley federal prevalece sobre la ley estatal si ambas entran en conflicto, y menciona una ley federal de 1996 que exige la cooperación estatal.
En 2023, el fiscal general de California, Rob Bonta, envió un comunicado a los departamentos de policía de California indicando que compartir datos de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) con agencias federales o de otros estados viola la ley estatal. Bonta demandó a la ciudad de El Cajón por compartir datos de ALPR con agencias federales y de otros estados. La demanda se presentó en octubre de 2025 y aún se encuentra en litigio.
“Las opiniones del Fiscal General son consultivas y persuasivas, pero no son jurídicamente vinculantes para los tribunales ni para los organismos”, afirma el informe de Chico PD.
Chico PD tiene un contrato con Lexipol, la empresa que elabora el manual de políticas del Departamento de Policía de Chico.
Firma de edición a principios de 2026, Lexipol modificó su política relativa al intercambio de datos para adaptarla a la ley SB 34.
“Los cambios introducidos por Lexipol en la política de reconocimiento automático de matrículas contrastaban marcadamente con la política vigente del Departamento de Policía de Chicago (CPD), especialmente en lo que respecta a la Ley SB 34”, afirma el informe. “Esto generó una contradicción entre la sección de la Ley SB 34 y nuestro sistema de intercambio de datos”.
El informe indica que, durante los meses siguientes, Chico PD “consultó con la Oficina del Fiscal de la Ciudad para obtener un análisis legal de las modificaciones a las políticas y del proyecto de ley SB 34”.
Chico PD respondió a una solicitud de acceso a registros públicos presentada por este periódico el 22 de junio, proporcionando documentos que demostraban el intercambio de datos con entidades de otros estados. Un mes después, los reporteros de ChicoSol entrevistaron al jefe de policía Billy Aldridge.
“Cuando empezamos a producir la información para la PRA, nos dimos cuenta de algo insólito: estábamos compartiendo información con estas personas, cuando en realidad, cuando se creó el programa, no deberíamos haberla compartido fuera de California ni con las agencias federales”, dijo Aldridge, explicando que el intercambio de información había cesado.
El informe publicado hoy afirma: “A fecha de 8 de julio, el CPD cumple indiscutiblemente con los requisitos de la SB 34”.
Según el informe, Chico PD aún puede acceder a datos de agencias federales y de otros estados, pero esas mismas agencias ya no pueden acceder a los datos del departamento.
Cuánto han costado los sistemas ALPR
Según el informe, al 31 de agosto se habían gastado más de $624,000 de fondos para proyectos de capital en el programa.
El programa ALPR llegó a Chico gracias a una donación realizada en 2013 por el Equipo de Apoyo Empresarial de la Policía de Chico. Este equipo está integrado por miembros de la comunidad y el fondo es administrado por la Fundación Comunitaria de North Valley.
Según el informe, en 2019 el Ayuntamiento aprobó una parte de los fondos de mitigación del incendio de Camp Fire para el programa ALPR.
El jefe de policía Matt Madden, que se jubiló en septiembre de 2022, fue quien inició el programa ALPR, “pero el proyecto se finalizó y activó bajo el mando del actual jefe Aldridge”, según indica el informe.
El departamento tiene previsto añadir siete cámaras en tres ubicaciones diferentes. “Si se completan todas las instalaciones previstas, el Departamento de Policía de Chicago (CPD) contará con 53 cámaras que cubrirán 13 ubicaciones en toda la ciudad”, indica el informe.
El programa seguirá costando dinero a los contribuyentes de Chico si se aprueba el presupuesto municipal propuesto.
Según el presupuesto propuesto por la ciudad, se prevé que el programa ALPR (reconocimiento automático de matrículas) cueste casi $1.5 millones entre los años fiscales 2027 y 2031, lo que representa casi el 24% de la financiación para proyectos de capital del departamento de policía.
Según el segundo documento, la “Información complementaria” de 23 páginas publicada por Chico PD, las cámaras fijas de Motorola no guardan relación con las cámaras de semáforo en rojo que la ciudad instaló recientemente.
Auditorías
Chico PD comenzó a auditar su sistema de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) dos veces al año en 2023. Sin embargo, la cantidad de datos que el personal tenía que analizar era demasiado “engorrosa, tediosa y dejaba pasar demasiado tiempo entre las inspecciones de los registros”, según indica el informe.
En 2025, el departamento comenzó a realizar auditorías mensuales y a implementar “controles aleatorios”, en los que el personal selecciona aproximadamente 10 números de casos al azar y se asegura de que las placas de matrícula solicitadas coincidan.
El informe indica que la auditoría mensual y las verificaciones aleatorias “aumentaron drásticamente la supervisión del uso del sistema de reconocimiento automático de matrículas”. Sin embargo, el informe añade más adelante que el departamento no mantuvo un registro de los casos auditados o verificados aleatoriamente, excepto en los casos en que se necesitaba una aclaración.
ChicoSol no ha podido acceder a los registros públicos relacionados con las auditorías.
“En general, se han realizado auditorías internas exhaustivas de forma continua y nunca se ha detectado ningún uso indebido”, afirma el informe.
El informe indica que el Chico PD no cuenta con un sistema para auditar cómo otras agencias utilizan sus datos. Además, según el informe, ninguna agencia externa le ha informado al Chico PD sobre el uso indebido de sus datos.
El informe revela que 124 personas dentro del departamento tienen cuentas de usuario. Todos los que tienen acceso al sistema deben cumplir con los estándares del FBI para el manejo de información confidencial.
Elias S. Myers y Chris Hutton colaboran con ChicoSol. Katherine Kihiczak es becaria del programa California Local News. La nota fue traducida por American Community Media con Lindajoy Fenley.
Este reportaje se realizó como parte de “Aquí Estamos/Here We Stand”, un proyecto periodístico colaborativo de American Community Media y medios de comunicación comunitarios de todo el estado.
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