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La Oficina del Sheriff del Condado de Butte (BCSO por sus siglas en inglés) coordinó el traslado de siete personas desde la cárcel del condado al Servicio de Inmigracion y Control de Aduanas (ICE) entre el 1 de enero y el 24 de septiembre, según los datos facilitados a ChicoSol.
Estas personas forman parte de un grupo de 25 reclusos que el ICE solicitó a la cárcel del condado hasta agosto de este año, según la BCSO. Se desconocen los motivos por los que el ICE se interesó por estos reclusos, así como su situación actual.
Las cifras publicadas por la BCSO correspondientes a la primera parte de 2026 ya muestran un aumento este año con respecto al anterior en las detenciones de ICE relacionadas con la cárcel. En 2025, las autoridades federales se hicieron cargo de seis personas tras su puesta en libertad de la cárcel. Estas primeras cifras continúan una tendencia de mayor control migratorio en el condado de Butte bajo la segunda administración de Trump.
“Definitivamente hay una diferencia en cuanto al enfoque de una administración a otra, de eso no hay duda”, declaró a ChicoSol el sheriff del condado de Butte Kory Honea. “No recuerdo que esto fuera tan drástico durante la primera administración de Trump”.
Las autoridades federales de inmigración pueden localizar a personas detenidas de dos maneras: pueden solicitar que se les notifique la puesta en libertad de una persona o pueden pedir a las autoridades locales que prolonguen la detención de una persona bajo custodia hasta 48 horas más allá de la hora prevista para su puesta en libertad. Estas solicitudes se denominan “órdenes de retención del ICE”.
Sin embargo, en virtud de la ley californiana SB 54, la “Values Act”, las fuerzas del orden de California tienen prohibido compartir datos para colaborar con las autoridades federales de inmigración en la mayoría de los casos. Existen excepciones para los reincidentes, los casos con órdenes judiciales, y los delitos considerados violentos graves según la legislación estatal, según la ACLU del Norte de California.
Esto significa que una vez recibida una solicitud de retención, la Oficina del Sheriff del Condado de Butte (BSCO) debe determinar si se puede proporcionar una notificación de puesta en libertad para la persona en cuestión en virtud de las excepciones de la ley SB54.
En 2025, el ICDE envió a la BCSO 52 solicitudes de retención, frente a las 13 del año anterior, lo que supone un aumento de 300%. Este aumento del interés federal en materia de inmigración en el condado refleja las tendencias nacionales hacia un mayor control de la inmigración.
Las seis personas detenidas en 2025 se enfrentaban a cargos graves o, en algunos casos, habían sido condenadas por delitos graves.
La coordinación con el ICE no requiere condena ni una orden judicial, señaló Honea. Para determinados delitos, basta con un dictamen judicial que indique que es probable que se produzca una condena para permitir el contacto con el ICE, explicó el sheriff.
En el caso de “las personas que hayan sido condenadas por determinados delitos violentos o graves, en esas circunstancias, la legislación de California permitiría a las fuerzas del orden facilitar información al ICE”, afirmó Honea.
Aunque las cifras preliminares para 2026 muestran que el número de solicitudes de retención es inferior al recibido en 2025, este año ya ha superado el número recibido en cualquier otro año del mandato de Biden.
“Las cifras se mantuvieron relativamente estables durante varios años”, señaló Honea. “Después aumentaron”.
A nivel nacional, las solicitudes de retención de ICE a las cárceles estadounidenses han aumentado más de un 180% desde 2023, según ha revelado una investigación reciente del Deportacion Data Project, un grupo de investigación de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).
El aumento del interés de ICE por la cárcel del condado de Butte “parece estar en línea con las tendencias nacionales que reflejan un endurecimiento de las medidas de control”, afirmó Phil Neff, analista de datos del Deportation Dada Project.
Las solicitudes de retención son solo una de las vías para la intensificación de la aplicación de la ley de inmigración. Tras el cambio de la administración de Biden a la de Trump, las detenciones de ICE se triplicaron en todo el país, pasando de 200 al día a unas 600 al día, según la iniciativa de investigación sobre Inmigración.
Honea cree que la SB54 pone en peligro la seguridad pública. Para Honea, la SB54 ha restringido el papel de las fuerzas del orden locales como enlace entre las fuerzas federales y las comunidades locales.
Honea considera que la puesta en libertad de personas buscadas por las autoridades de inmigración hace que el ICE salga a las calles, donde supone un riesgo tanto para los ciudadanos como para los inmigrantes que respetan la ley.
“¿Nos gusta la idea de que agentes federales salgan a nuestras comunidades y detengan a personas que antes estaban en la cárcel?”, preguntó Honea. “Estamos viendo el verdadero problema asociado a que los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza actúen en la comunidad”.
Honea se siente aliviado de que los grandes despliegues del ICE en las calles no hayan ocurrido en el condado de Butte.
“No hemos tenido el tipo de interacciones negativas que se han visto en la televisión”, afirmó Honea. “Estoy agradecido por ello. No quiero eso en nuestras calles. No quiero hacer eso”.
El año pasado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) participó en operaciones de control de inmigración en el condado de Butte, una tendencia que se refleja en todo el país. Este uso de los recursos del FBi preocupa a Honea.
“Históricamente, el FBI no se involucra en la aplicación de la ley en materia de inmigración. Estaba ocupado luchando contra el terrorismo, investigando atracos a bancos y haciendo ese tipo de cosas, ¿no?”, señaló Honea. “Bajo esta administración, las prioridades han cambiado”.
Honea afirma que le preocupa que los recursos de las fuerzas del orden se están dispersando en exceso. “Espero que no se dejen sin investigar otros tipos de delitos federales o que no se aborden adecuadamente porque hayamos desviado la atención de los agentes del FBI de ellos”.
En enero el senador de California Alex Padilla expresó preocupaciones similares. “Un agente que detiene a inmigrantes no-violentos significa necesariamente un agente menos disponible para capturar a depredadores de menores y traficantes de drogas”, afirmó el senador en un comunicado de prensa conjunto con otros 30 senadores estadounidenses.
Honea considera que el debate más amplio y sin resolver sobre la inmigración es el núcleo del problema.
“Esto es un síntoma del problema”, dijo el sheriff. “El problema que hay que abordar es el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos, bajo ambos [partidos], durante décadas y décadas y décadas no ha logrado desarrollar una política de inmigración que permita la entrada a personas que quieren venir a este país y que van a ser ciudadanos buenos, productivos, y respetuosos con la ley”.
Elias S. Myers es colaborador de ChicoSol.
Este reportaje fue producido en colaboración y con el apoyo del proyecto Aqui Estamos/Here we Stand de la American Community Media. La traducción de DeepL fue revisada por Lindajoy Fenley.